Blanqueo de capitales y el DPO. Obligaciones derivadas de la Protección de Datos

Desde la publicación de la transposición del Reglamento de Protección de Datos a la normativa española se especifican que empresas y entidades están sujetas a la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO).

¿Qué es un DPO?

Un DPO es una nueva figura profesional, especialista en protección de datos, cuya principal labor es informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones derivados de la normativa de Privacidad entre otras responsabilidades. Muchas empresas, tienen la obligación de contratar un DPO: ¿Necesita mi empresa un Delegado de Protección de Datos?

¿Qué determina la legislación en referencia a las entidades afectadas por el blanqueo de capitales?

Como decíamos más arriba, en la LOPDGDD especifica en su articulo 34.1.j que las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo., tienen obligación de nombrar un DPO.

Por lo tanto, aquellas empresas afectadas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBCFT) deben de contar con DPO, independientemente del volumen, grande o reducido, de datos que maneje.

importante. Hemos de tener en cuenta que la normativa de Privacidad sólo es aplicable a personas físicas. Por lo tanto, si los datos manejados referentes LPBCFT pertenecen EXCLUSIVAMENTE PERSONAS JURÍDICAS no tendremos obligación de incorporar a nuestra empresa la figura del Delegado de Protección de Datos.

 Blanqueo de capitales y el DPO. Obligaciones derivadas de la Protección de Datos

¿Qué sujetos están obligados?

Para ver que entidades están afectadas, hemos de revisar el artículo 2 de la LPBCFT:

– Las entidades de crédito.

– Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.

– Las empresas de servicios de inversión.

– Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

– Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

– Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

– Las sociedades de garantía recíproca.

– Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.

– Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.

– Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.

– Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.

– Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

– Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

– Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

– Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

– Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

– Los casinos de juego.

– Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.

– Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.

– Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.

– Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.

– Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.

– Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.

– Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.

– Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.

– Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

Conclusión

Aquellas empresas afectadas debido a su actividad por el artículo 2 de la LPBCFT estarán obligadas a la designación de un DPO cuando los datos tratados sean referidos a personas físicas.

Si tu empresa estuviese obligada a designar un DPO podemos ayudarte.

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